Cabotaje: mayor competencia, más empleo y menores precios

Nicolás Grau y Juan Carlos Muñoz

Trasladar un contenedor entre un puerto de la Región de Valparaíso y otro de la Región de Antofagasta cuesta actualmente un 33% más que entre el mismo puerto de la Región de Valparaíso y Perú, a pesar de que la distancia del segundo tramo es más del doble que la del primero. Este sobreprecio no debería ser una sorpresa, dados los altos niveles de concentración en este mercado (sólo dos empresas realizan el 96% del tráfico de graneles), lo que no sólo aumenta el costo de vida de los consumidores finales, sino también reduce la utilización de puertos y del transporte marítimo, el cual genera menos emisiones y congestión que las alternativas terrestres.

Estas ineficiencias se explican porque la ley actual, entre otras cosas, limita fuertemente la entrada de nuevas compañías, reserva el cabotaje para naves chilenas aun en contextos en que no existan oferentes, e impide aprovechar la capacidad ociosa de las naves de comercio exterior que circulan por nuestro territorio.

“Queremos restablecer la reserva de cabotaje a naves chilenas, pero limitando la definición, a la vez que crear y/o potenciar excepciones para que naves extranjeras operen de manera eficiente y segura”.

Para abordar estos problemas, el Gobierno anterior presentó un proyecto de ley que proponía una apertura total del cabotaje y eliminaba la exigencia de exclusividad de tripulantes chilenos, el cual no prosperó debido a algunas consideraciones en materia laboral y de seguridad nacional que se levantaron durante su tramitación.

Con esto a la vista y para avanzar en esta importante materia, nuestro Gobierno presentó recientemente, en el marco de la Agenda de Productividad, modificaciones a dicho proyecto. Estas indicaciones, que nacen del diálogo con múltiples actores, conservan el objetivo de fomentar la competencia en este mercado y, a su vez, aumenta el empleo en el sector.

Nuestra estrategia implica restablecer la reserva de cabotaje a naves chilenas, pero limitando la definición de cabotaje, a la vez que crea y/o potencia excepciones para que naves extranjeras operen de manera eficiente y segura. Ello, mientras se mantiene la principal ganancia del proyecto en trámite, que consiste en permitir la entrada de nuevas empresas al mercado, posibilitando que empresas con capitales extranjeros se constituyan como navieras nacionales y, por ende, tengan que operar con tripulación nacional.

Esta propuesta beneficiará a los consumidores finales de los bienes transportados y a los dueños de carga, quienes actualmente pagan altos precios por movilizarla, lo que afecta especialmente a las Mipyme. También a Enap y Codelco, los principales movilizadores de carga marítima en el país. Asimismo, a los trabajadores del mar, quienes observarán un aumento en los puestos de trabajo, y por último, a la lucha contra la crisis climática, gracias a la menor emisión de CO2 por unidad de carga del transporte marítimo.

Estimamos que esta propuesta generará una disminución de las tarifas de transporte de graneles de entre un 21% y 43%, y de carga general entre un 17% y 35%. Lo anterior permitirá un ahorro para el país en un rango de US$ 90 millones a US$ 186 millones anuales. Por ello, urge la tramitación de este proyecto y así empezar a experimentar los beneficios de su aprobación lo antes posible.

Dada la buena acogida que recibió el proyecto en la Cámara confiamos en que así será. Como Gobierno nos comprometemos a promover el diálogo informado y a trabajar codo a codo con el Parlamento, para así lograr que el mercado de cabotaje sea uno más competitivo, más eficiente y con más empleo.